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Tema 11
- CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN E INICIO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I
Tras la crisis del petróleo de 1973, la etapa de desarrollo económico español se detuvo, acompañada de incertidumbre política tras la muerte del dictador. Esta crisis se prolongó hasta 1985, generando déficit exterior, inflación, caída de beneficios empresariales y aumento del desempleo. Algunos culparon a la democracia por la crisis, añorando la prosperidad del franquismo.
Tras la muerte de Franco, diferentes fuerzas políticas se alinearon en tres alternativas: continuar el régimen franquista, reformarlo gradualmente desde dentro o una ruptura democrática inmediata.
Juan Carlos I asumió la Jefatura del Estado el 22 de noviembre de 1975, asumió ante las Cortes franquistas la Jefatura del Estado y juraba lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del régimen , mostrando voluntad democrática en su discurso ante las Cortes franquistas. El entorno del monarca, junto al presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, diseñaron el proceso de cambio político.
La presión popular, sindical, política, mediática, universitaria y cultural, junto al respaldo de la Banca, la Iglesia y el Ejército, fueron determinantes para la Transición. El contexto internacional favoreció la democratización, con el fin de la Guerra de Vietnam, caída del muro de Berlín (1989), la Perestroika de Gorbachov que supuso la fin de la URSS y la tendencia hacia la democracia en países desarrollados, España tambien empezó.
- PRIMEROS GOBIERNOS (1975 - 1977)
2.1. MOVIMIENTO NACIONAL: GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO (DICIEMBRE 1975 - JULIO 1976)
Juan Carlos I mantuvo a Arias Navarro como presidente del Gobierno para apaciguar al sector inmovilista del régimen, aunque su gabinete era una mezcla de figuras inmovilistas, militares y partidarios del cambio político. Sin embargo, Arias Navarro como un inmovilista no logró formar un equipo de gobierno cohesionado debido a su resistencia al cambio, chocaba frontalmente con los nuevos tiempos y con las manifestaciones y huelgas para las que Arias Navarro utiliza a la violencia de la Policía Armada (“grises”) para reprimir. evidenciada en la represión violenta de protestas como los Sucesos de Vitoria en marzo de 1976.
En mayo de 1976, durante la celebración del Primero de Mayo, hubo enfrentamientos debido a la prohibición de la manifestación política por parte del Vicepresidente y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, quien llegó a acuñar la frase "la calle es mía". Esta acción contrastó con la labor conciliadora del Rey, quien aprobó el indulto a los presos del Proceso 1001 (contra el sindicato CC.OO.), y del Cardenal Tarancón, líder de la Iglesia española, que respaldó el papel de la Corona, acallando las voces católicas más franquistas.
La distancia entre el Rey y Arias Navarro se ampliaba, evidenciando la incapacidad política de este último. Finalmente, en julio de 1976, Arias Navarro dimitió, conocido por su pasado como "El Carnicero de Málaga" durante la dictadura franquista que se condenaron a muerte a unos 4300 republicanos
2.2. MOVIMIENTO NACIONAL: I GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ (JULIO 1976 - JULIO 1977)
A) REFORMA DEL SISTEMA
El Rey designó a Adolfo Suárez como primer ministro en julio de 1976, generando desconfianza en la oposición y los conservadores porque era Secretario General de Movimiento Nacional franquista. Aunque inicialmente criticado como "el error Suárez", formó un gabinete con políticos jóvenes y promovió un programa de soberanía popular y régimen democrático. Suárez se convirtió en una figura destacada de la Transición española.
Entre las primeras acciones de Suárez se destacó el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, la legitimación de partidos políticos y autonomías históricas, y la anunciada amnistía para presos políticos, excluyendo a los acusados de terrorismo. Mantuvo entrevistas con líderes políticos opositores como Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE).
La estrategia clave de la Transición española consistió en desmantelar el régimen franquista desde dentro, buscando el consenso de la oposición externa. La pieza fundamental fue la Ley para la Reforma Política, que estableció el procedimiento para crear unas nuevas Cortes mediante sufragio universal y directo. Esta ley, de máximo rango, requería la aprobación de las Cortes franquistas y un referéndum nacional. En el Cortes franquistas, mediante la aprobación mayoritaria de tal ley, certificaron su propia defunción.
El referéndum, celebrado el 15 de diciembre de 1976, fue respaldado por la mayoría de la población, a pesar de la tímida campaña a favor de la abstención, por ser insuficiente y por considerarla una imposición del Gobierno y no del fruto de una negociación (y el "no" significa continuar la extrema derecha). La ley fue aprobada con un respaldo del 94% de los votos, consolidando la vía reformista hacia la democracia desde la legalidad franquista.
B) PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES
Durante los seis meses previos a las elecciones generales de junio de 1977, el gobierno de Adolfo Suárez enfrentó una dura situación marcada por el recrudecimiento del terrorismo. En la última semana de enero de 1977, Madrid vivió momentos de máxima tensión:
- Incontrolados de extrema derecha provocaron la matanza de la calle Atocha, asesinando a cinco abogados laboralistas del PCE y CC.OO.
- Los GRAPO [Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, brazo armado de PCE reconstituido] secuestraron a un teniente del Ejército y posteriormente asesinaron a dos policías y a un guardia civil.
- ETA, aunque no actuó esa semana, fue la organización que más víctimas provocó con sus atentados durante toda la Transición, presentándose como un ejército liberador del pueblo vasco en guerra contra el Estado español.
Todos estos actos terroristas tenían como objetivo desestabilizar la situación y evitar el avance hacia la democracia en España.
A pesar de los intentos desestabilizadores del terrorismo, el gobierno de Suárez continuó con su programa de reformas. Se desarticuló el TOP y el Movimiento Nacional, se aprobó la libertad de prensa y el derecho de huelga, y se mantuvieron los contactos con la oposición democrática. Una medida crucial fue la aprobación de una ley sobre el derecho de asociación política en febrero de 1977, facilitando la legalización de todos los partidos políticos democráticos, excepto el PCE.
La legalización del PCE representaba un dilema para Suárez: su exclusión amenazaba la plenitud democrática, pero su inclusión podría desencadenar reacciones imprevisibles de grupos franquistas y del Ejército. La presión de Santiago Carrillo y la necesidad de una democracia completa llevaron a la aprobación del PCE en abril de 1977, provocando la dimisión de un ministro Marina y generando controversia. La legalización implicaba la aceptación de la bandera y la monarquía como formas de gobierno. Este periodo coincidió con la abdicación de Juan de Borbón en favor de Juan Carlos en mayo de 1977, otorgando al Rey legitimidad dinástica.
- EL PERIODO CONSTITUYENTE (1977 - 1978)
3.1. ELECCIONES GENERALES (15 JUNIO 1977)
Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 marcaron un hito al ser las primeras desde 1936, con una participación alta del 78,7% del censo. Las principales fuerzas políticas fueron:
- Unión de Centro Democrático (UCD): liderada por Adolfo Suárez, coalición de partidos del centro y la derecha moderada, con vínculos moderados con el franquismo.
- Alianza Popular (AP): presidida por Manuel Fraga, representó a la derecha política, pero su imagen franquista no resonó con los votantes.
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE): dirigido por Felipe González, ofreció un discurso político de izquierda y juventud, respaldado por apoyo internacional.
- Partido Comunista de España (PCE): liderado por Santiago Carrillo, a pesar de su lucha contra la dictadura, su vieja dirección y obtuvo menos diputados de lo esperado.
- Nacionalismo catalán: representado por corrientes moderadas(el Pacte Democràtic per Catalunya, PDC, con Jordi Pujol como máximo exponente) y radicales (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC)..
- Nacionalismo vasco: a través del PNV y de Euskadiko Eskerra (EE).
La UCD ganó las elecciones con 165 diputados, seguida por el PSOE con 118, convirtiéndose en el principal partido de la oposición. El PCE sorprendió al obtener solo 20 diputados, mientras que AP, el franquismo reciclado, solo logró 16. Los restantes 31 diputados se repartieron entre otras fuerzas políticas.
3.2 UCD: II GOBIERNO (I DEMOCRÁTICO) DE ADOLFO SUÁREZ (JULIO 1977 - ABRIL 1979)
En octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía, fruto del consenso entre las fuerzas parlamentarias, con excepción de la abstención de la Alianza Popular de Fraga. Esta ley amnistiaba actos de intencionalidad política, desde la represión franquista hasta los atentados de grupos terroristas como ETA y GRAPO. Fue un acuerdo entre la oposición y las élites franquistas para superar el pasado y comenzar una nueva etapa de reconciliación nacional.
En 1977, la crisis económica alcanzó niveles preocupantes debido a la falta de medidas frente a la crisis del petróleo de 1973, precio del barril de petróleo, que pasó en 1 año de 1,63$ a 14$. La inflación aumentó del 20% en 1976 al 44% a mediados de 1977, mientras que la deuda externa alcanzó los 14.000 millones de dólares, junto con una subida del paro.
Ante esta situación, el nuevo ministro de Economía, Fuentes Quintana, propuso un pacto a todas las fuerzas políticas. Surgieron así los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 1977 por todos los grupos parlamentarios, buscando un consenso económico que posteriormente se reflejaría en la redacción de la Constitución de 1978. El objetivo era establecer una política económica consensuada que garantizara la estabilidad social mientras se avanzaba en la consolidación democrática.
El plan de estabilización económica se centró en reducir la inflación y mitigar los efectos de la crisis económica. Se devaluó la peseta, se controló el gasto público y se redujo el consumo energético. Para abordar los impactos sociales, se reformó el sistema fiscal bajo el lema "Hacienda somos todos", se fortaleció la Seguridad Social y se llegó a un acuerdo para regular los salarios.
Los Pactos de la Moncloa no solo abordaron aspectos económicos, sino que también incluyeron medidas políticas y sociales. Se llevaron a cabo reformas en el sistema educativo, se ampliaron las prestaciones por desempleo y jubilación, y se garantizaron libertades como la de expresión, reunión y asociación. Además, se abolieron la censura y se reformaron los códigos legales, incluyendo la despenalización del adulterio y la regulación de la venta de anticonceptivos.
El problema autonómico también fue relevante, ya que los nacionalistas buscaban acelerar el proceso sin esperar a la Constitución. Esto llevó a la creación de regímenes preautonómicos en Cataluña y el País Vasco. En Cataluña, la Generalitat regresó del exilio y quedó restablecida con Tarradellas como Presidente en 1977. En el País Vasco, se estableció el Consejo General Vasco en 1978. Sin embargo, la negociación política en esta región fue más difícil debido a la presencia del grupo terrorista ETA, cuyas demandas eran consideradas esenciales para lograr la pacificación.
4 LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Aunque los progresos democráticos hasta el momento habían sido significativos, la democracia española aún estaba en proceso y recién comenzaba. La Constitución de 1978 marcó el final de la transición española hacia la democracia, al menos en términos jurídicos.
En lugar de reformar las antiguas Leyes Fundamentales franquistas, se optó por redactar una nueva constitución, para lo cual las Cortes se constituyeron en Asamblea Constituyente. La redacción del anteproyecto fue encargada a una comisión de 7 representantes de los principales partidos políticos, conocidos como los "Padres de la Constitución" no estaba PNV por problemas técnicos. El texto definitivo fue aprobado por ambas cámaras el 31 de octubre de 1978 y sometido a referéndum el 6 de diciembre del mismo año. Aunque la participación fue baja (alrededor del 67%), fue ampliamente aprobado con el 87,8% de los votos.
Durante la redacción, hubo un consenso generalizado sobre la importancia de una Constitución respaldada por la mayoría de los grupos políticos, lo que llevó a un proceso prolongado (17 meses) y un documento extenso (169 artículos). Sin embargo, este consenso también condujo a una rigidez en cuanto a su reforma y cierta ambigüedad en algunos aspectos.
4.1 MODELO DE ESTADO
España se configura como un Estado plural, adoptando la forma de una monarquía parlamentaria y reconociendo la soberanía nacional. Se establece un modelo de Estado descentralizado pero unitario, reconociendo las diferencias regionales dentro de la unidad e indivisibilidad de la nación. En el ámbito económico, se adopta una economía de mercado capitalista, aunque se prevé la intervención estatal para corregir situaciones necesarias. Además, se consagra un Estado laico, aunque se reconoce la religiosidad de los españoles y se promueve la cooperación con la Iglesia católica, predominante en la sociedad de la época.
B) DERECHOS Y LIBERTADES
España se constituye en un Estado social (ya que los poderes públicos deben orientarse a mejorar el bienestar global de la comunidad), democrático (por la participación ciudadana en las instituciones) y de derecho (porque todos los poderes están sujetos al cumplimiento de la ley). Los derechos y deberes de los ciudadanos son muchos y muy variados: dignidad de la persona, respeto a la ley, igualdad ante la ley, derecho a la vida (aboliendo con ello la pena de muerte), a la libertad ideológica y religiosa, libertad de expresión, seguridad o el derecho al honor. Además, la novedad la ponen los derechos sociales y económicos, como la educación, la sanidad, el disfrute del medio ambiente y el patrimonio, derecho a una vivienda digna, etc.
C) DIVISIÓN DE PODERES
En el marco de una monarquía parlamentaria, la Corona desempeña un papel principalmente simbólico, actuando como árbitro del buen funcionamiento institucional y representante de España en el ámbito internacional. Las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ostentan el poder legislativo y son elegidas mediante sufragio universal directo, encargándose de funciones como la aprobación de presupuestos y el control gubernamental. El Senado, teóricamente, cumple el rol de cámara de representación territorial.
El poder ejecutivo lo conforma el Gobierno y la administración, dirigido por el presidente y sus ministros. La Constitución buscó establecer un gobierno sólido y estable, permitiendo que el presidente obtenga la investidura con mayoría simple y requiriendo una moción de censura constructiva, donde se debe presentar un candidato alternativo. El gobierno tiene competencias en la política interna, externa y la administración civil y militar.
El poder judicial está a cargo de los juzgados y tribunales, con el Consejo General del Poder Judicial como su órgano de gobierno y el Tribunal Supremo como instancia jurisdiccional máxima. El Tribunal Constitucional, como institución independiente, se encarga de interpretar las leyes y garantizar su conformidad con la Constitución.
D) ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Para resolver la tensión entre los reclamos nacionalistas y la unidad indivisible de España, se optó por el modelo del Estado de las Autonomías. Este se basa en la unidad indisoluble del país y en la existencia de Comunidades Autónomas con instituciones territoriales propias, en un Estado unitario pero descentralizado.
Las Comunidades Autónomas cuentan con una Asamblea Legislativa y un gobierno propio, así como con un Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el gobierno central retiene ciertas competencias clave como la nacionalidad, defensa y relaciones internacionales, entre otras. Además, la Constitución contempla la posibilidad de suspender la autonomía de una comunidad en caso de incumplimiento de obligaciones o violación de la ley, mediante el artículo 155, aplicado en 2017 durante la crisis catalana.
- Autor:Alógenes
- URL:https://alogenes.eu.org/article/HistoriaTema11
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